La poesía del español Joaquín Sabina, parece haber preanunciado en forma preclara el derrotero del incremento de tarifas de los servicios públicos comunicado por las máximas autoridades del Consejo de Administración, a comienzos de semana y desmentido unos días más tarde por las mismas autoridades.
Intentaré en ese escenario efectuar un análisis en varios planos: uno estrictamente institucional, otro económico legal, otro finalmente vinculado al rol del Estado Municipal como poder concedente.
En el primero de ellos debe resaltarse la falta de alineamiento de las decisiones del Consejo de Administración con el espíritu y los valores de la cooperación. Falta de consideración para con los asociados, a quienes sin más trámite y desde la comodidad que suele brindar a veces la lejanía de un micrófono, se le informó como deberían pagar el aumento de tarifa que reflejaba la incidencia del resultado de una gestión propia, (ineficiente a no dudarlo), sin que la misma hubiera estado habilitada al análisis en alguna de las instancias propias de este tipo de instituciones basadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua.
Esta no es una cuestión menor sin duda, pues habla de la desaprensión por llevar adelante un mínimo debate que arroje luz sobre cuestiones tan delicadas como lo pasará a ser sin duda la cuantía de la tarifa de los servicios públicos esenciales en momentos de aguda crisis.
Es una política recurrente de esta entidad, presentar todos los aumentos siempre de la misma manera, bajo la forma de apariencias, déficit operativos, lecturas de la información a medias o de acuerdo a un libreto escrito por los autores de la información, poca claridad y presagio de calamidades que pueden suceder si no se accede a los requerimientos de aumento, etc.
Eso si nunca los ajustes en la estructura propia de la entidad, siempre con cargo al bolsillo de los asociados.
Siempre con urgencia y en lo posible que los vecinos empiecen a pagar antes que a preguntar en razón de que argumentos.
En lo económico legal, llama la atención que sobre la base de información que no conocemos se lance un aumento de 12% en las tarifas de todos los servicios cuando la propia ley de Cooperativas obliga a reflejar cuadros de resultados sectoriales, y los balances históricos muestran déficit marcadamente distintos en los mismos.
Paradójico resulta de la información precedente, que por vía de una decisión del Consejo de Administración, los vecinos de Esquel debieran tener que abonar el incremento sobre el alumbrado público que es una tasa municipal cuyo valor debería establecerse en el presupuesto anual de la Municipalidad.
A propósito de esta última reflexión, no puede estar ausente de cualquier análisis serio, discutir el rol esperado del Estado como poder concedente en materia de servicios públicos esenciales.
El marco actual vigente otorga una ventaja enorme a la prestadora, el Estado está ausente, abdicó hace muchos años y no ha hecho nada por reivindicarse frente a evidencias que reflejan claramente que las románticas cooperativas se han convertido en verdaderos monstruos que terminarán extinguiendo el debilitado prestigio de las autoridades políticas.
Por caso y para la anécdota, el Municipio solo puede acceder a la documentación que las autoridades Cooperativas resuelvan mostrarle como respaldatoria de sus hechos consumados. (Acuerdo paritario no homologado sic)
Habría seguramente muchas formas de resolver estas controversias, la exigencia básica sería a no dudarlo la existencia de voluntad política para sobrellevar una discusión profunda, que estaría llamada a modificar privilegios no exclusivos del sector gremial.
Pero a fuerza de ser serios el paso inicial en este análisis debería provenir de las autoridades que conducen la entidad Cooperativa. La sucesión de infortunios en la gestión parecerían estar aconsejando esta decisión.
Las conclusiones del veto impuesto por las autoridades políticas al aumento luego de la renuncia de todas las autoridades del Consejo de administración frente a los asociados que democráticamente les otorgaran las facultades de dirección de la entidad, habilitaría a no dudarlo, un nuevo espacio y una salida a un problema recurrente cuyo abordaje no admite dilaciones.
Si esto no ocurriera, no debe perderse de vista que el veto de la autoridad política no tiene plazo, por lo tanto no se sabe cuanto durará esta tregua.
Que el acuerdo paritario es un acuerdo de partes que se encuentra consolidado y cuya homologación sólo nos resta esperar, por lo tanto, una vez que sea ley, es un componente significativo de los costos de la prestadora y que de alguna forma deberá soportarlo. Que con la misma cara que se nos anunció el aumento, sin más aportes, unos días mas tarde se nos dijo que no ocurriría, como si hubiera sido una broma de mal gusto y no importaran las consecuencias de una medida tan desaprensiva en el ánimo de la gente. Por ultimo que las elecciones son a fin de mes.
No son estas razones suficientes para plantearnos una revisión de fondo sobre el carácter con que deberemos abordar la prestación de los servicios esenciales en nuestra ciudad.
Jorge JUNYENT
6/JUNIO/09
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